El precio de caer: cuando la pobreza te cobra por ser pobre

En la semana del 13 al 16 de octubre de 2026, un kilo de naranjas costaba $847 en las ferias libres de la Región Metropolitana y $2.602 en sus supermercados^[9]. Ese mismo año, en los mercados minoristas de Temuco, un huevo comprado en bandeja de doce costó en mediana un 21,5% más que el mismo huevo comprado en caja de 180^[10].

Las dos cifras cuentan historias opuestas. La primera dice que ser pobre no siempre obliga a pagar más: la feria, que está más cerca de los barrios populares que el supermercado, vende la fruta más barata. La segunda dice que quien no tiene dinero para comprar por cajas paga más por cada unidad. Esta investigación trata de la distancia entre ambas, y de una pregunta que se repite desde hace sesenta años: ¿la pobreza cobra por ser pobre?

Para responderla, PoliScore revisó 137 documentos, cada uno con copia archivada, y verificó 263 citas textuales contra esas copias. Recorrimos ocho líneas: la literatura internacional sobre la «prima de la pobreza», la alimentación, la trampa de la liquidez, el comercio de barrio, los medicamentos, el crédito, el tiempo y la movilidad social descendente. Chile es el caso principal; Reino Unido, Estados Unidos y la OCDE, la vara de comparación.

La respuesta es más precisa que el eslogan, y en varios puntos más dura. No encontramos evidencia de que en Chile los hogares pobres paguen más por el mismo producto en la misma tienda, y la mejor evidencia extranjera dice lo contrario. Pero sí encontramos, con datos oficiales y estudios extranjeros, que los créditos pequeños cuestan más, que ahorrar exige tener liquidez, que la comida pesa en el presupuesto de los hogares más pobres más del doble que en el de los más ricos, que la distancia se paga sobre todo en tiempo, y que pasar por la pobreza es mucho más frecuente de lo que sugiere la tasa anual. La pobreza no cobra más por todo. Cobra en lugares precisos, y casi siempre en los más difíciles de evitar.

1. La prima de la pobreza: un concepto con sesenta años

La idea tiene autor y fecha. El Centro de Investigación en Finanzas Personales de la Universidad de Bristol, que lleva una década midiendo el fenómeno en el Reino Unido, atribuye el concepto de poverty premium al sociólogo estadounidense David Caplovitz, en 1963^[11]. El economista Ronald Mendoza la reformuló en 2011 como «penalización de la pobreza»: el costo relativamente mayor que soportan los pobres al participar en ciertos mercados, con causas y remedios que varían de un mercado y de un país a otro^[12]. La precisión importa: el concepto no sostiene que todo sea más caro para los pobres, sino que en ciertos mercados, y por ciertos mecanismos, lo es.

Lo que se ha medido en el Reino Unido

En 2010, la organización Save the Children estimó que la prima podía superar las 1.280 libras al año para una familia típica de bajos ingresos^[13]. Era una cifra máxima: suponía una familia que pagaba todas las primas a la vez. El estudio de Bristol de 2016 cambió el método y ponderó cada componente por la proporción de hogares que efectivamente lo paga. El resultado fue menor y más sólido: 490 libras al año por hogar de bajos ingresos, definido como el que gana el 70% de la mediana o menos^[14]. Son unas 9 libras por semana^[11]. El 99% de esos hogares pagaba al menos uno de los componentes^[11].

La composición es reveladora. El componente mayor no es un precio de góndola, sino una modalidad: no haberse cambiado a la tarifa de energía más barata, algo que afectaba al 73% de los hogares y costaba 233 libras promedio^[11]. En conjunto, la energía explicaba el 57% de la prima^[11]. El promedio esconde además dos tipos de prima. Unas son anchas y poco profundas, como pagar contra factura en papel. Otras son estrechas y muy profundas: un préstamo cobrado a domicilio podía costar 540 libras al año^[11]. En relación con su ingreso, los más golpeados eran los hogares unipersonales y monoparentales: un adulto solo necesitaba casi tres semanas de ingreso extra al año para cubrir la prima^[14].

La medición de 2026 muestra que la prima cambia de forma, pero no desaparece. El 95% de los hogares británicos de bajos ingresos paga al menos una prima, con un promedio de 380 libras al año entre ellos^[15]. El 39% compra más de la mitad de su comida en tiendas de conveniencia o sucursales pequeñas, típicamente un 13% más caras que los supermercados grandes para la misma canasta^[15]. Pagar el seguro del auto en cuotas mensuales cuesta 71 libras más al año que pagarlo de una vez^[15]. Y cuando el regulador eliminó en 2024 el recargo de los medidores de energía prepago^[16], sus usuarios siguieron pagando en promedio 129 libras más, porque casi no acceden a las tarifas fijas baratas^[15]. El remedio desplazó la prima; no la eliminó. Los propios autores advierten que sus cifras de 2016, 2022 y 2026 no forman una serie, porque el método cambió entre una medición y otra^[17][15].

Un tercer mecanismo es la lealtad. Citizens Advice estimó en 2018 que seguir con el mismo proveedor de telefonía, internet, seguros, hipoteca o ahorro costaba a los británicos 4.100 millones de libras al año, y que la penalización la pagaban de forma desproporcionada personas mayores o con problemas de salud mental^[18]. El regulador financiero prohibió desde 2022 cobrar más en la renovación de un seguro de hogar o de automóvil que a un cliente nuevo^[19].

La contraevidencia más sólida: el mismo producto no es más caro

Evidencia En Estados Unidos, Broda, Leibtag y Weinstein analizaron datos de escáner de miles de compras de hogares y concluyeron, en 2009, que los pobres pagan menos, no más, por los bienes que compran^[20]. Según un crítico de ese estudio, los hogares de los códigos postales más pobres pagaban alrededor de un 1,4% menos por los mismos artículos^[21]. El Departamento de Agricultura había encontrado en 1997 un matiz distinto: los hogares pobres enfrentaban precios de tienda algo más altos, menos de un 1%, y gastaban menos por unidad solo porque elegían productos más económicos y de menor calidad^[22].

Ese crítico, Shawn Fremstad, objeta que la muestra subrepresenta a los hogares con más barreras^[21], pero no discute el resultado central. La lectura honesta es esta: para un mismo producto en un supermercado, la evidencia disponible no muestra que los pobres paguen más; las diferencias son de 1 o 2% en uno u otro sentido. La prima aparece en otros lugares: en la modalidad de pago, en el crédito, en el formato del envase, en el canal de compra y en el tiempo. PoliScore no encontró una medición comparable entre países del Banco Mundial ni de la OCDE, ni ningún estudio que aplique el concepto a Chile Pendiente. Los capítulos siguientes buscan esos mecanismos en los datos chilenos.

2. El plato que pesa el doble

El dato más sólido de la alimentación chilena no es un precio: es una proporción. Según la IX Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, levantada en las capitales regionales entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, los hogares del quintil más pobre destinan el 31,6% de su gasto a alimentos y bebidas no alcohólicas. Los del quintil más rico, el 13,3%^[4]. El INE describe «una relación inversa» entre ingreso y peso de la comida, y califica las diferencias de estadísticamente significativas^[23].

En pesos por hogar, la diferencia casi desaparece: un hogar del primer quintil gasta en comida $285.213 al mes y uno del quinto, $330.926^[4], aunque los hogares más pobres tienen más integrantes. El hogar pobre come con un monto parecido, repartido entre más personas, y ese monto se lleva casi un tercio de todo lo que gasta. Es la vieja ley de Engel, no un sobreprecio. Pero define la vulnerabilidad: cualquier alza de los alimentos golpea con más del doble de fuerza relativa abajo que arriba. En Estados Unidos ocurre lo mismo con otra pendiente: el quintil más pobre destina el 11,0% de su gasto a alimentos para el hogar y el más rico, el 6,2%^[24].

Una advertencia que no puede omitirse: en la misma encuesta, el gasto promedio del quintil más pobre ($901.162) casi duplica su ingreso disponible declarado ($462.503)^[4]. La brecha puede reflejar ingresos no declarados, deudas, ahorros que se consumen o ayudas en especie. No debe leerse como «los pobres gastan el doble de lo que ganan».

La consecuencia material está en la Casen 2024. El 28,7% de los hogares del quintil más pobre vivía inseguridad alimentaria moderada o severa, frente al 4,3% del más rico; la inseguridad severa era de 7,1% y 0,7%^[25]. En septiembre de 2026, la Canasta Básica de Alimentos costaba $92.833 por persona al mes y había subido un 4,7% en doce meses, más que el IPC general (4,1%)^[26]. Y según el Banco Mundial y la FAO, una dieta saludable de costo mínimo valía en Chile 5,65 dólares por persona al día, en paridad de poder de compra, frente a 2,86 en Estados Unidos^[27].

Un aviso sobre la pobreza misma: en enero de 2026 cambió la forma de medirla. Con la nueva metodología, la Casen 2024 estima un 17,3% de pobreza por ingresos; con la anterior, la cifra habría sido 4,9%^[28]. Las series no son comparables, y el salto se debe al método, no a un empeoramiento.

¿Dónde es más caro comer? Aquí la tesis se matiza

Evidencia En frutas y verduras, el canal más cercano a los barrios de bajos ingresos es el más barato. Un estudio sobre las seis ciudades más grandes del país encontró que los sectores de bajos ingresos están más cerca de ferias libres y los de ingresos medios y altos, de supermercados^[29]. Y las ferias venden más barato: el SERNAC comparó en 2021 una canasta de 37 productos con 9.400 precios y halló que los supermercados eran en promedio un 11% más caros que mercados y ferias^[30]. Pero no en todo. En la misma semana de octubre de 2026, el pan y el pollo eran más caros en panaderías y carnicerías que en el supermercado^[9]:

La investigación etnográfica en barrios de Peñalolén, Santiago y Valdivia describe una estrategia de tres canales: la compra grande en el supermercado mayorista, el pan y lo diario en el almacén, y las frutas y verduras en la feria^[31]. Interpretación Es una estrategia razonable, y el sobrecosto aparecería cuando se rompe: cuando no hay dinero para la compra grande, o no hay tiempo para llegar a la feria el día que se instala. Las ferias, además, exigen efectivo y tienen horarios limitados^[29].

Cuando el precio lo fijó un cartel

Tres sentencias firmes de la Corte Suprema muestran que, en bienes básicos, el precio llegó a estar fijado por acuerdos ilegales. Ninguna recayó en el comercio de barrio.

• Productores de pollo (2015). La Corte confirmó la condena a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por limitar la producción y asignarse cuotas, con multas de 30.000, 30.000 y 12.000 UTA, y ordenó disolver la asociación del sector^[32].
• Supermercados (2020). Condenó a Cencosud, SMU y Walmart por acordar, a través de sus proveedores, un precio mínimo para la carne de pollo fresca entre 2008 y 2011, con multas de 11.532, 6.876 y 11.160 UTA^[33].
• Papel tissue (2020). Condenó a CMPC y SCA por asignarse cuotas y fijar precios entre 2000 y 2011, con veinte mil UTA cada una^[34].

Interpretación Esos acuerdos buscaban sostener precios o limitar la oferta de productos de consumo masivo, dos de ellos alimentos. Por el peso de la comida en su presupuesto, cualquier sobreprecio en alimentos golpea más, en proporción, a quien destina un tercio de su gasto a comer; ninguna de las sentencias calcula el daño por nivel de ingreso.

3. Comprar de a poco: la trampa de la liquidez

Comprar al por mayor y esperar las ofertas ahorra dinero, pero exige gastar más hoy y tener dónde guardar. Esa es la trampa. Evidencia Orhun y Palazzolo publicaron en 2019 una prueba precisa: con datos de compras de papel higiénico en Estados Unidos, los hogares de bajos ingresos pagaban un 5,5% más por rollo de lo que pagarían si compraran como los de altos ingresos, en paquetes grandes y en oferta^[3]. Los autores muestran que la falta de liquidez es una causa por sí misma, más allá de otras restricciones como el espacio para guardar: cuando esos hogares tienen más dinero disponible, por ejemplo después de cobrar el sueldo, se acercan en parte al comportamiento de los hogares acomodados^[35]. El mismo estudio registra el otro lado: esos hogares ahorran un 11% eligiendo marcas baratas, y la penalización por formato se come cerca de la mitad de ese ahorro, no todo^[3].

El cálculo de los huevos es propio de PoliScore, con datos oficiales de ODEPA: para cada semana y sector de Temuco con los dos formatos a la venta, comparamos el precio por unidad del huevo color extra. La prima es del formato, no del almacén como tipo de tienda, y no sabemos cuántos hogares compran cada formato Pendiente.

El formato pequeño no siempre es más caro. Un estudio de la Universidad Erasmus encontró que los detergentes de hasta 50 gramos cuestan por kilo, en promedio, un 25% más que los envases mayores en tres países africanos^[36]. Pero un estudio en India halló champú en sobre hasta un 50% más barato por mililitro que en botella^[37]. Depende del producto, del mercado y de la estrategia de cada empresa.

En Chile, desde el decreto 38 de 2024, el comercio debe exhibir el precio por unidad de medida, y el SERNAC fiscalizó su cumplimiento en supermercados en octubre de 2025^[38]. Esa información permite comparar. No resuelve el problema de fondo, que es no tener el dinero para la caja grande. PoliScore no encontró ningún estudio chileno que mida el sobrecosto de los formatos pequeños según el nivel de ingreso Pendiente.

Interpretación La economía conductual añade una lectura complementaria: la escasez de dinero o de tiempo impone una carga mental que puede empeorar las decisiones^[39]. Es una hipótesis sobre el comportamiento, no una medición de precios.

4. Lejos del supermercado, cerca del almacén

La intuición de los «desiertos comerciales» es simple: si en un barrio no hay supermercado, farmacia ni banco, sus vecinos pagan más en el comercio pequeño o pagan en pasajes y tiempo para ir a otro lado. La evidencia la confirma solo a medias.

Lo que se mide en Estados Unidos

El Departamento de Agricultura informó al Congreso en 2009 que 2,3 millones de hogares (2,2%) vivían a más de una milla de un supermercado y sin auto^[40]. En las zonas pobres con acceso limitado se tardaba 19,5 minutos en llegar a la tienda, frente a 15 del promedio nacional^[40]. Las tiendas de conveniencia cobraban más por bienes similares, pero sus ventas eran apenas el 2–3% del gasto en alimentos de los hogares de bajos ingresos^[40]. Contraevidencia En 2019, las personas de bajos ingresos vivían más cerca de una tienda de alimentos que las de ingresos medios y altos, una mediana de 0,69 millas frente a 0,88; el propio informe advierte que eso puede contradecir la narrativa habitual^[41]. Y un estudio publicado en 2019 en el Quarterly Journal of Economics concluyó que la densidad de supermercados explica como máximo un 1,5% de la brecha de alimentación saludable entre ricos y pobres^[42].

Chile: no desiertos de comercio, sino de supermercado

En las seis mayores ciudades chilenas hay una «cobertura generalizada» de puntos de venta de alimentos, en especial almacenes^[29]. El problema es la distribución de los supermercados. En el Gran Concepción, un estudio contó 37 en la comuna de Concepción y uno solo en Lota y en Hualqui^[43]. Y Chile no tiene una medición oficial de distancia a supermercados, farmacias o bancos por comuna: el sistema oficial de indicadores urbanos mide la distancia a plazas, parques y paraderos, pero no a ningún comercio^[44].

El estallido de octubre de 2019 mostró qué pasa cuando el supermercado desaparece. Según la consultora Georesearch, citada por la prensa, de 594 supermercados de la Región Metropolitana, 68 (11%) seguían cerrados en febrero de 2020, y la zona sur fue la más afectada, con el 31% de sus locales cerrados^[45]. Según un catastro de una empresa de geomarketing publicado por la prensa, Lo Espejo, Cerro Navia y La Granja quedaron sin supermercados ni bancos; desde Lo Espejo, el supermercado más cercano quedó a 2,4 km, mientras Las Condes mantenía operando sus 29^[46]. Interpretación En ese período el almacén creció, y la misma consultora sostuvo que los vecinos aceptaron pagar más cerca para ahorrar tiempo y locomoción^[47]. Nadie lo ha cuantificado.

El almacén no es el villano

Según datos del SII citados por la Universidad de Santiago, en Chile hay unas 243 mil «nanotiendas» de comercio minorista, y el 94% de los almacenes de la Región Metropolitana está en comunas de ingresos medios y bajos^[48]. La misma encuesta explica por qué un almacén difícilmente puede igualar el precio de una cadena. Son locales de hasta 20 m², muchas veces dentro de la vivienda y sin bodega, lo que obliga a pedidos pequeños y frecuentes; el 76% trabaja con más de siete proveedores. La mayoría fía a sus clientes sin tener buen acceso al crédito, y su capital proviene sobre todo de ahorros familiares^[48]. En el comercio en general, sin distinguir almacenes, las microempresas que pagan seguridad gastan en promedio $336 mil al mes por local en ella^[49]. Y un tercio de los almacenes encuestados (33,73%) funciona como punto bancario del barrio^[48].

Interpretación El almacén carga con los mismos costos de la pequeña escala que sus clientes: compra poco y a menudo, y financia el fiado. Si cobra más que un supermercado, sería en parte porque traslada esos costos. No encontramos una comparación oficial de precios de productos envasados entre almacén y supermercado Pendiente. En México, la llegada de supermercados abarató el costo de vida para todos, pero de forma regresiva: el beneficio fue de cerca del 7,5% del ingreso para los hogares ricos y del 5% para los pobres, que compraban mucho menos en esas tiendas^[50].

5. Medicamentos: la distancia, el bolsillo y un cartel comprobado

En Chile, los hogares pagan de su bolsillo una parte de la salud mayor que en casi cualquier otro país de la OCDE. En 2023, el gasto de bolsillo fue el 35,4% del gasto corriente en salud, el segundo más alto de los 37 miembros con dato, después de México (39,1%); el promedio simple de esos países, calculado por PoliScore, fue de 19,4%^[51]. En medicamentos la distancia es mayor: los hogares chilenos pagaron de su bolsillo el 70,1% del gasto en productos farmacéuticos, frente a un promedio simple, también calculado por PoliScore, de 41,6%^[51].

Quién paga y cuánto pesa

Evidencia Con la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares, el Centro de Estudios Públicos calculó que, entre los hogares que compran medicamentos, estos pesan el 5,7% del gasto total en el quintil más pobre y el 3,4% en el más rico^[5].

Contraevidencia El mismo estudio muestra el otro lado: solo el 37,1% de los hogares del quintil más pobre compra medicamentos, frente al 72,8% del más rico^[5], y el 75,2% de los medicamentos que reciben las personas de menor nivel educativo se entrega gratis en el consultorio^[5]. Con la encuesta de 2011-2012, el gasto de bolsillo total en salud pesaba más en los hogares ricos (6,6%) que en los pobres (4%)^[52]. La lectura correcta es acotada: para el hogar pobre que no consigue el remedio en el consultorio y tiene que comprarlo, ese gasto pesa más. Los datos no permiten saber qué parte del menor gasto de los pobres se debe a la entrega gratuita y qué parte a que dejan de comprar Pendiente.

La farmacia más cercana

La última tabla oficial completa es de 2013: el Ministerio de Economía contó 96 comunas sin farmacia, el 28% del país, y 69 sin ningún establecimiento que dispensara medicamentos^[6]. Encontró además una correlación de 0,4 entre la pobreza regional y el número de habitantes por farmacia: La Araucanía, entonces la región más pobre, tenía una farmacia cada 10.147 habitantes, frente a 6.603 de promedio nacional^[6]. Una presentación publicada en 2024 por la Asociación Chilena de Municipalidades enumera 59 comunas sin acceso a farmacias y habla de «más de 300.000 personas» sin acceso geográfico a medicamentos, sin explicar cómo se calculó esa cifra^[53]. Son, en su mayoría, comunas rurales o aisladas, no barrios urbanos pobres^[54].

Donde no llegan las cadenas, llega el comercio independiente. En 2019, las farmacias independientes estaban en el 63% de las comunas y las tres grandes cadenas en el 44%; en 80 comunas solo había independientes^[55]. El 82% de sus clientes era de FONASA, frente al 53% en las cadenas^[55].

La única medición del costo de llegar que encontramos es local y antigua. En 2012, la organización de consumidores ODECU midió que vecinos de barrios periféricos de Cerro Navia, Independencia, El Bosque y Peñalolén debían recorrer entre 1,9 y 5,4 km, ida y vuelta, hasta la farmacia más cercana, con al menos $1.180 de transporte público^[56]. En una farmacia de Cerro Navia, un analgésico común costaba entonces $990: el pasaje costaba más que el remedio^[56]. No es representativo, y no existe una medición nacional del tiempo o el costo de llegar a una farmacia Pendiente.

Precios: marcas, cadenas y lo que no se sabe

La Fiscalía Nacional Económica documentó en su estudio de mercado de 2020 que los laboratorios venden el mismo producto, en promedio, un 89% más caro a las grandes cadenas que al sector público, y que entre bioequivalentes del mismo medicamento los de marca cuestan cerca de tres veces más que los sin marca^[55]. En 2022, el SERNAC encontró el losartán bioequivalente desde $1.170, y el original de marca hasta $26.799^[57]. Interpretación Esas brechas castigan a quien no tiene información o tiempo para cotizar. Contraevidencia Pero la FNE no encontró que las farmacias cobren distinto según cuántos competidores tengan cerca^[55], y no existe ninguna medición oficial que compare el precio del mismo medicamento según el ingreso de la comuna. Esa es la principal laguna para sostener un sobreprecio territorial de la pobreza en farmacias Pendiente.

La colusión de 2008: lo resuelto

1. 9 de diciembre de 2008La FNE acusa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a FASA, Cruz Verde y Salcobrand de fijar concertadamente al alza los precios de medicamentos; las tres cadenas sumaban más del 90% de las ventas^[58].
2. 2009FASA reconoce su participación en un acuerdo con la FNE y paga 1.350 UTA^[58].
3. 31 de enero de 2012El tribunal declara que Cruz Verde y Salcobrand se coludieron para alzar el precio de al menos 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, y multa a cada una con 20.000 UTA^[58].
4. 7 de septiembre de 2012La Corte Suprema confirma la condena^[59].
5. 2015En la vía penal, los diez ejecutivos acusados son absueltos, y la Corte de Apelaciones mantiene la absolución^[60][61].
6. Noviembre de 2020Tras una condena de primera instancia en la demanda colectiva del SERNAC^[62], Cruz Verde y Salcobrand firman un avenimiento por 1.387 millones de pesos^[63].
7. Agosto de 2025FASA firma su propio avenimiento por $980 millones, pendiente de aprobación judicial^[64].

PoliScore no encontró ningún requerimiento ni resolución vigente por colusión en la venta minorista de medicamentos posterior a 2012. No hay base para atribuir colusión actual a las cadenas. Desde 2020, la ley permite a la central de abastecimiento del Estado intermediar medicamentos para farmacias privadas y almacenes farmacéuticos, que deben venderlos al público a un precio máximo fijado por ella^[65]; el ahorro «de hasta 90%» que anuncia el Ministerio de Salud es un máximo declarado, no un promedio evaluado^[66].

6. El precio del dinero cuando hay poco dinero

Si hay un mercado donde la diferencia está escrita en la ley chilena, es el crédito. La ley no obliga a cobrar más, pero permite cobrar más a los créditos pequeños: desde 2013, el tope de interés para un crédito de hasta 50 UF se calcula sumando 21 puntos a una tasa de referencia; para uno de 50 a 200 UF, 14 puntos^[67]. Esa misma ley bajó el tope del tramo más pequeño^[68]. El tramo depende del monto pedido, no del ingreso de quien lo pide; pero quien gana poco suele pedir poco.

Evidencia El certificado publicado en el Diario Oficial el 15 de octubre de 2026 muestra lo que efectivamente cobraron los bancos en septiembre: 32,82% anual en créditos de hasta 50 UF y 6,70% en los de más de 5.000 UF^[1]. El crédito más pequeño pagó una tasa 4,9 veces mayor que el más grande. Interpretación Parte de esa diferencia refleja el riesgo de impago, los plazos y los costos fijos de cada operación: no prueba por sí sola un sobreprecio. Muestra que, para quien solo puede pedir poco, el dinero es caro.

La composición de la deuda también cambia con el ingreso. Según la Encuesta Financiera de Hogares 2024 del Banco Central, el 18,7% de los hogares de la mitad de menores ingresos tiene deuda con casas comerciales y solo el 9,9% con bancos; en el 20% más rico, la proporción se invierte: 45,1% con bancos y 22,5% con casas comerciales^[2]. Solo uno de cada cuatro hogares de la mitad de menores ingresos tiene cuenta corriente (25,2%)^[2].

El resultado se ve en el servicio de la deuda. Entre los hogares endeudados, los de la mitad de menores ingresos destinan una mediana del 27,9% de su ingreso mensual a pagar deudas, prácticamente lo mismo que los deciles 6 a 8 (27,8%) y más que el 20% más rico (22,0%)^[2]. La brecha separa al 20% más rico del resto, más que a los pobres de la clase media. En 2021 la diferencia ya existía: 24,7% frente a 20,5%^[69]. El Banco Central lo explica porque esa deuda es sobre todo de consumo, con plazos más cortos y tasas más altas que la hipotecaria^[2].

Y se ve en la mora. A junio de 2026 había 4.006.977 personas con deudas morosas^[70]. En el grupo socioeconómico más pobre, la deuda morosa promedio equivalía a 5,1 veces su ingreso mensual; en el más rico, a 1,5 veces^[70]. En pesos, el rico debe más; medida en meses de ingreso, la deuda atrasada del hogar pobre pesa más del triple. El grupo socioeconómico es una imputación del informe, y la cifra debe leerse con esa salvedad.

Contraevidencia: menos deuda y un dilema

Evidencia Los hogares de menores ingresos se endeudan menos: el 37,2% de los hogares de la mitad de menores ingresos tiene alguna deuda, frente al 76,1% del 20% más rico^[2]. Y los datos administrativos de la Comisión para el Mercado Financiero, que miden personas con renta conocida en la banca y no hogares, encuentran lo contrario que la encuesta: la carga financiera mediana es mínima en rentas de $400.000 a $500.000 (4,7%) y máxima sobre $2,6 millones (23,3%)^[71]. Interpretación Para PoliScore, las dos fuentes pueden ser ciertas a la vez, porque miden cosas distintas: la CMF observa a los deudores de la banca, y ella misma advierte que parte del financiamiento puede estar migrando a fuentes no bancarias, formales e informales, que sus datos no capturan^[71].

Topar el precio del crédito tampoco es gratis. La ley de 2013 bajó gradualmente la tasa máxima de 54% a 36%^[68], y un estudio del Banco Central estima que excluyó al 9,7% de los deudores del crédito de consumo bancario^[68]. En el Reino Unido, en cambio, el tope de 2015 a los préstamos de día de pago bajó su costo típico de más de 100 libras a unas 60, sin evidencia de que los excluidos se fueran a prestamistas ilegales^[72]. En Estados Unidos, un cargo de 15 dólares por cada 100 prestados equivale a una tasa anual de 391%, y los usuarios estudiados ganaban una mediana de 22.476 dólares al año^[73].

Tener una cuenta: lo que Chile resolvió, y lo que se reabrió

Chile tiene la CuentaRUT, una cuenta del banco estatal que no exige renta ni antecedentes comerciales^[74]. El 90,1% de los hogares de la mitad de menores ingresos tiene una cuenta vista, como la CuentaRUT^[2]. Aun así, la encuesta del Banco Mundial, que mide adultos y no hogares, sugiere que la brecha por ingreso, que en 2021 casi no existía (86,4% del 40% más pobre frente a 87,5% del 60% más rico), se abrió en 2024: 75,4% frente a 91,5%^[75]. La base de datos no explica por qué, y el resultado no calza con la alta tenencia de cuentas vista que registra el Banco Central Pendiente.

El territorio también cobra, aunque poco. Girar con la CuentaRUT es gratis en BancoEstado y en los CajaVecina, pero cuesta $300 en el cajero de otro banco^[74]. Había 20 comunas sin ningún cajero en 2024, y según la estrategia nacional de inclusión financiera los cajeros tienden a estar en comunas con menos pobreza^[76]. Las oficinas bancarias cayeron un 35% en una década, y la red de cajeros también se redujo, esto último en parte por los costos asociados a los delitos, según la misma estrategia. En paralelo crecieron los corresponsales de barrio, que pasaron de 59 a 204 por cada 100.000 habitantes entre 2012 y 2023^[76].

7. El tiempo, la moneda que no aparece en la boleta

Hay un precio que no se paga en pesos. Según la Casen 2015 analizada por el CEP, el viaje de ida al trabajo dura en promedio unos 50 minutos en el Gran Santiago, unos 20 menos en las demás ciudades^[7]. En la capital, el tiempo depende sobre todo del lugar donde se vive: los trayectos más largos están en San Bernardo (62,3 minutos), Puente Alto (61,9) y La Pintana (60,4), y los más cortos en Providencia (31,6) y Las Condes (34,5)^[7].

El medio de transporte pesa más que la comuna. La II Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INE midió en 2023 que quienes viajan en transporte público dedican en promedio 1 hora 45 minutos diarios a ir y volver del trabajo, frente a 1 hora 3 minutos en auto o moto^[77]. Según la línea de base del sistema oficial de indicadores urbanos, el viaje en transporte público en la punta de la mañana va de 65 minutos en Providencia a 120 en La Pintana o San Bernardo y 130 en Lo Espejo^[78]. El propio sistema fija un estándar de 60 minutos, que no cumple ninguna comuna del Gran Santiago con dato^[78]; el archivo no documenta cómo se calculó, y sirve para comparar comunas, no como cifra exacta.

Contraevidencia: el ingreso explica menos de lo que se cree

Evidencia El mismo estudio del CEP advierte que la relación entre menor ingreso y mayor tiempo de viaje «es relativamente débil y solo se presenta en la ciudad de Santiago»^[7]. En la capital, el decil que más tarda no es el más pobre sino el cuarto (54 minutos); el décimo, el que menos (38)^[79]. Y en dinero, el transporte no pesa más en el presupuesto de los hogares pobres: es el 13,0% del gasto del quintil más pobre y el 16,3% del más rico, porque incluye la compra de autos y combustible^[80]. El gasto en transporte público por quintil, que es el dato decisivo, no está publicado Pendiente. Un estudio de la Revista INVI con la Casen concluye que el costo del transporte público pesa más en los ingresos de los hogares más vulnerables de Santiago^[81] Interpretación; no pudimos revisar sus cifras.

Lo que sí se puede calcular es el peso del pasaje en un sueldo mínimo. El bus cuesta $795 en Santiago^[82] y el ingreso mínimo es de $553.553 brutos^[83]. Quien va y vuelve en bus 22 días al mes paga $34.980: el 6,3% de su sueldo bruto. El Estado, por su parte, asigna al tiempo de viaje un valor social de $3.338 por hora, el mismo para todos los niveles de ingreso: «aduciendo regresividad, se ha desestimado la distinción por ingresos de las personas»^[84].

El tiempo también se reparte de forma desigual dentro de los hogares. Las mujeres dedican 4 horas 57 minutos diarios al trabajo no remunerado y los hombres, 2 horas 52 minutos^[85]. En día de semana, el 51,7% de las mujeres del quintil más pobre cuida a otras personas, frente al 27,3% de las del más rico^[77].

Interpretación En Estados Unidos, el equipo de Raj Chetty encontró que las zonas con traslados más cortos tienen más movilidad social ascendente, con una correlación de 0,605^[86]; los autores advierten que es una correlación y que el predictor más robusto es otro: la proporción de hogares monoparentales^[86]. Hay evidencia causal más acotada. En Adís Abeba, un experimento que subsidió el transporte de jóvenes desempleados elevó, cuatro meses después y entre los de mayor calificación, en 7 puntos porcentuales su probabilidad de tener un empleo permanente, sobre una base de 19%; el efecto se redujo a la mitad más tarde^[87]. En Ciudad de México, las nuevas líneas de metro redujeron en 4 puntos la informalidad cerca de las estaciones^[88]. En Chile, en cambio, los modelos del CEP encuentran un vínculo «muy marginal» entre el tiempo de viaje y la decisión de trabajar^[79].

8. Caer: cuando estudiar y trabajar no bastan

En el debate público se confunden dos cosas. El estancamiento es no avanzar: no superar la posición de los padres, o la propia. El retroceso es perder lo alcanzado, por cesantía, enfermedad, una carrera que no rinde, una deuda o la jubilación. La evidencia chilena dice que el rasgo más documentado no es la inmovilidad, sino la inestabilidad: mucha gente sale de la pobreza, y mucha vuelve a entrar.

Evidencia Con el Panel Casen 1996-2001-2006, solo el 4,2% de la población fue pobre en las tres mediciones, pero el 29,8% cruzó la línea una o dos veces^[91]. Con el panel 2006-2009, de quienes salían de la pobreza, el 30% volvía a ella al año siguiente y el 35% dentro de dos años^[8]. Casi la mitad de esas entradas y salidas coincidía con un cambio en el número de personas con trabajo en el hogar^[8]. Ambos paneles perdieron muchos participantes con el tiempo y usan la línea de pobreza antigua, y no existe un panel oficial posterior a 2009 Pendiente.

La OCDE describe un patrón singular. Contraevidencia Chile tiene la base más móvil del grupo: solo el 34% de quienes están en el quintil más pobre sigue allí cuatro años después, frente al 56% del promedio OCDE^[90]. Pero esa movilidad no siempre se sostiene: el 17% de quienes tenían bajos ingresos subió y volvió a caer en cuatro años (13% en la OCDE), y la clase media cae al fondo más que en ningún otro país miembro^[90]. Entre generaciones, la OCDE estima que los hijos de una familia del 10% más pobre tardarían al menos seis generaciones en alcanzar el ingreso promedio; ella misma aclara que es una simulación ilustrativa, no un plazo medido^[92] Interpretación.

El Banco Mundial pone nombre a quienes viven en la cornisa: los «vulnerables», que sin ser pobres tienen más de un 10% de probabilidad de caer en la pobreza en cinco años^[93]. En 2009 eran el 37,5% de la población latinoamericana, más que los pobres^[93].

La caída colectiva de 2020

La pandemia fue una prueba de esa fragilidad. Entre 2017 y 2020, el ingreso autónomo promedio de los hogares del 10% más pobre, el que generan por sí mismos sin subsidios, cayó de $113.855 a $13.564 al mes, en pesos de noviembre de 2020; el del 10% más rico casi no cambió^[94]. Interpretación Los subsidios de emergencia, que ese indicador no incluye, amortiguaron el golpe. Con la serie comparable de la nueva metodología, la pobreza pasó de 22,5% en 2017 a 28,3% en 2020, y bajó después a 17,3% en 2024^[89]. La encuesta de 2020 se levantó con otra modalidad y la comparación debe hacerse con resguardo^[94].

Estudiar ya no garantiza: retornos y deudas

Un título universitario sigue siendo, en promedio, una buena inversión: la FNE describe retornos universitarios estables y relativamente elevados^[95]. Pero cada vez menos garantizada. Evidencia La misma Fiscalía estima que la proporción de carreras cuyo valor presente es negativo, es decir, cuyos ingresos esperados no compensan aranceles y años sin trabajar, pasó de cerca de 17% en 2012 a más de 35% en 2023, y la de estudiantes de primer año matriculados en ellas, de 22% a 40%^[95]. En la educación técnico profesional son más de la mitad^[95]. Y el 38% de los egresados que trabaja lo hace en un área parcialmente, poco o nada relacionada con lo que estudió^[95].

La deuda convierte una mala apuesta en un retroceso. Los deudores del Crédito con Aval del Estado en mora pasaron de 17 mil en 2012 a 623 mil en 2024. Solo el 41% de los egresados y el 16% de quienes desertaron estaban al día^[96]. La cifra crece también porque cada año más generaciones entran en etapa de pago. No terminar la carrera multiplica el riesgo: la morosidad promedio fue de 74% entre los desertores y de 36% entre los egresados^[96].

La jubilación como caída

Para quienes se jubilaron entre 2015 y 2022, la pensión autofinanciada reemplazó una mediana del 17% de su ingreso previo; con la Pensión Garantizada Universal, el 63%^[97]. La caída es proporcionalmente mayor en los quintiles medios y altos: con la pensión universal, la tasa de reemplazo es de 172% en el quintil de menores ingresos previos, pero de 45% en el cuarto quintil y de 34% en el quinto^[97]. Para buena parte de la clase media, jubilar significa bajar de escalón.

No es solo Chile

En Estados Unidos, la proporción de hijos que a los 30 años ganan más que sus padres cayó de 92% entre los nacidos en 1940 a 50% entre los nacidos en 1984^[98]. En la OCDE, el 70% de los nacidos en la posguerra pertenecía a la clase media de ingresos a los veinte años, frente al 60% de los millennials^[99]. En 24 países de la Unión Europea, la movilidad descendente de clase ocupacional subió de 35,0% a 37,3% entre las generaciones nacidas en 1927-1945 y en 1965-1975^[100]. Contraevidencia Aun así, en esa generación europea más joven quienes suben (40,5%) siguen superando a quienes bajan^[100], y en América Latina, entre 1995 y 2010, la movilidad fue mayoritariamente ascendente^[93]. El retroceso existe y crece; no es la experiencia mayoritaria.

Interpretación Aquí se cruzan los dos hilos de esta investigación. Quien cae no solo pierde ingresos: entra en los mercados donde la pobreza cobra. Pasa de la tarjeta bancaria a la casa comercial, del crédito grande al pequeño, de la compra mensual a la diaria. Ningún estudio chileno ha medido cuánto encarece la vida ese tránsito para un mismo hogar Pendiente; es la pregunta que esta investigación deja abierta.

9. Lo demostrado, lo interpretado y lo pendiente

Lo que la evidencia no respalda: que los pobres paguen más por todo. No hay evidencia de que paguen más por el mismo producto en la misma tienda: en frutas y verduras, el canal más cercano a los barrios de bajos ingresos es más barato, y en Estados Unidos los datos de escáner no muestran que los hogares de bajos ingresos paguen más por el mismo artículo^[30][20]. Tampoco destinan, en conjunto, una parte mayor de su gasto al transporte, aunque el transporte público podría pesarles más^[80]. Decirlo no suaviza la conclusión: la desplaza hacia donde está la evidencia.

Metodología y limitaciones

Referencias